Los derechos digitales han dejado de ser un tema de nicho para especialistas en tecnología; hoy constituyen un campo central de la discusión jurídica y política en México. La digitalización de casi todas las esferas de la vida —educación, trabajo, comunicación, trámites públicos, comercio y hasta la participación política— nos coloca frente a la necesidad de reconocer, proteger y garantizar los derechos humanos en entornos digitales.
El Centro Universitario de las Casas (CUDC) asume la relevancia de este debate porque la formación en Derecho, Administración Pública y Gobierno no puede desligarse de un contexto donde la ciudadanía se ejerce cada vez más en espacios digitales. Hablar de derechos digitales no es hablar de “nuevas” garantías, sino de cómo los derechos fundamentales de siempre se traducen en el mundo de las pantallas, las redes y la inteligencia artificial.
¿Qué entendemos por derechos digitales?
Se trata del conjunto de facultades, libertades y garantías que permiten a las personas ejercer plenamente sus derechos en entornos tecnológicos. Son, en muchos casos, una extensión de los derechos humanos tradicionales al ciberespacio, pero también han surgido nuevas categorías que reflejan los riesgos propios de la era digital.
Entre los más discutidos y reconocidos en México se encuentran:
- Derecho de acceso a internet: reconocido en la Constitución mexicana desde 2013 como parte del derecho a la información. El artículo 6º establece que el Estado garantizará el acceso universal a tecnologías de la información y comunicación, incluida la banda ancha e internet.
- Derecho a la privacidad y a la protección de datos personales: sustentado en el artículo 16 constitucional, que protege las comunicaciones privadas, y desarrollado en dos leyes: la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (2010) y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (2017).
- Derecho a la libertad de expresión en entornos digitales: relacionado con los artículos 6º y 7º constitucionales, pero con nuevos retos en relación a discursos de odio, violencia digital y desinformación.
- Derecho a la seguridad digital: derivado del derecho a la seguridad personal, implica que las instituciones públicas y privadas deben proteger los datos, infraestructuras críticas y sistemas de los ciudadanos contra ciberataques.
- Derecho a la educación digital y a la alfabetización tecnológica: aunque no está expresamente en la Constitución, se vincula al derecho a la educación (artículo 3º). Se traduce en el acceso a competencias digitales y recursos tecnológicos para aprender.
- Derecho a la identidad digital: emergente en la doctrina, implica que toda persona debe tener control sobre cómo se presenta en línea, evitando suplantaciones y garantizando autenticidad en trámites electrónicos.
- Derecho a la desconexión digital: en discusión en México y ya reconocido en algunos países. Busca garantizar que trabajadores y estudiantes no estén obligados a permanecer conectados fuera de sus horarios.
- Derecho a un entorno digital libre de violencia: concretado en la Ley Olimpia, que tipifica la violencia digital y protege la dignidad de las personas frente a la difusión no consentida de contenido íntimo.
Avances y retos en México
Reconocimientos legales recientes
El gran avance de México fue elevar a rango constitucional el acceso a internet. Esto no solo reconoce la importancia de la conectividad, sino que obliga al Estado a garantizar su cobertura y calidad. Sin embargo, todavía hay más de 25 millones de mexicanos sin acceso regular a internet, principalmente en zonas rurales e indígenas.
Protección de datos personales
Aunque existen marcos normativos sólidos, México ha enfrentado múltiples escándalos por filtraciones de bases de datos públicas y privadas. Esto demuestra que no basta con leyes escritas: se requiere cultura de protección, inversión en ciberseguridad y sanciones ejemplares.
Violencia digital y derechos de las mujeres
La aprobación de la Ley Olimpia fue un paso trascendental. Al tipificar como delito la difusión no consentida de imágenes íntimas, se protegió directamente el derecho a la intimidad y a una vida libre de violencia en entornos digitales.
Libertad de expresión y retos actuales
México es uno de los países de América Latina con mayor número de usuarios activos en redes sociales, pero también enfrenta graves problemas de violencia en línea contra periodistas, activistas y mujeres. Aquí surge la tensión: ¿cómo equilibrar la libertad de expresión con la necesidad de regular contenidos dañinos?
Inclusión digital y educación
La pandemia visibilizó que millones de estudiantes quedaron fuera del derecho a la educación digital por falta de dispositivos o conexión. El derecho a aprender en la era digital depende de políticas que garanticen infraestructura, formación docente y recursos accesibles para todos.
Ejemplos recientes que marcan agenda
- El debate en torno a la protección de datos biométricos en programas de seguridad pública abrió preguntas sobre proporcionalidad, legalidad y riesgos de abuso.
- La discusión sobre la regulación de inteligencia artificial plantea dilemas sobre transparencia algorítmica, sesgos y responsabilidad en decisiones automatizadas.
- Los avances en gobierno digital y trámites electrónicos son una oportunidad, pero también generan riesgos si no se garantizan la seguridad de las plataformas y la accesibilidad para toda la población.
El papel de las universidades
Una universidad de Derecho y Ciencias Sociales como el Centro Universitario de las Casas tiene la oportunidad de colocarse al frente en esta agenda. No se trata solo de formar abogados tradicionales, sino de juristas y administradores públicos que comprendan la dimensión digital de los derechos.
Acciones clave que puede impulsar
- Incorporar asignaturas de Derecho Digital en la Licenciatura en Derecho y en los programas de posgrado.
- Crear diplomados y cursos de extensión sobre ciberseguridad, regulación de inteligencia artificial y protección de datos.
- Fomentar la investigación aplicada en derechos digitales, generando propuestas legislativas o estudios comparados que sirvan a autoridades y legisladores.
- Establecer observatorios universitarios de derechos digitales, con participación de estudiantes, docentes y expertos externos, para dar seguimiento a casos y políticas.
- Promover la cultura ciudadana digital mediante foros, conferencias y talleres abiertos a la comunidad, fortaleciendo la conciencia sobre derechos y responsabilidades en línea.
Retos inmediatos
- Garantizar que el acceso a internet sea realmente universal y de calidad.
- Fortalecer las capacidades de ciberseguridad de las instituciones públicas y privadas.
- Actualizar el marco jurídico frente a desafíos de la inteligencia artificial y la economía de plataformas.
- Combatir de manera eficaz la violencia digital, que sigue afectando sobre todo a mujeres y periodistas.
- Avanzar hacia un modelo de alfabetización digital que cierre las brechas sociales, regionales y generacionales.
Conclusión
Los derechos digitales no son un tema accesorio: son el reflejo de cómo los derechos humanos se ejercen en el siglo XXI. México ha dado pasos importantes, como el reconocimiento constitucional del acceso a internet y la aprobación de la Ley Olimpia. Sin embargo, la protección de datos, la ciberseguridad, la inclusión digital y la regulación de la inteligencia artificial son retos aún pendientes.
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