La violencia de género es uno de los problemas más graves y persistentes en México. No es un fenómeno aislado ni de carácter individual: es una problemática estructural que afecta a millones de mujeres y niñas en todos los ámbitos de su vida. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021), siete de cada diez mujeres mexicanas han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
En este contexto, las políticas públicas desempeñan un papel fundamental. El Estado tiene la responsabilidad de diseñar, implementar y evaluar acciones que protejan a las víctimas, sancionen a los agresores y transformen las condiciones sociales que perpetúan la desigualdad. El Centro Universitario de las Casas busca poner sobre la mesa un análisis crítico y actualizado de los programas recientes, así como propuestas de mejora con perspectiva de derechos humanos y dimensión digital.
Marco normativo y políticas actuales
Avances normativos
México ha desarrollado un marco jurídico robusto para atender la violencia de género. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) establece mecanismos de prevención, atención, sanción y erradicación. También se ha fortalecido el marco penal y procesal con reformas que tipifican delitos como el feminicidio y la violencia digital.
Programas y estrategias recientes
- Refugios y centros de justicia para mujeres: en los últimos años se ha ampliado la red de Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), espacios donde se concentran servicios legales, psicológicos y sociales para víctimas. Actualmente existen más de 50 en todo el país.
- Alertas de violencia de género contra las mujeres (AVGM): mecanismo implementado en diversos estados que busca coordinar acciones urgentes para atender contextos graves de violencia. Sin embargo, su eficacia varía entre regiones.
- Campañas nacionales de sensibilización: como “Date cuenta” o “No estás sola”, enfocadas en visibilizar la violencia y promover la denuncia.
- Programas de capacitación: dirigidos a policías, ministerios públicos y funcionarios judiciales para mejorar la atención a víctimas.
A pesar de estos esfuerzos, persisten limitaciones en recursos, cobertura y capacitación que impiden que las políticas tengan el impacto esperado.
La dimensión digital de la violencia de género
La violencia contra las mujeres no se limita al espacio físico: se ha trasladado y amplificado en entornos digitales. De ahí la importancia de políticas específicas para la violencia digital, reconocida legalmente en México a partir de la llamada Ley Olimpia.
Principales formas de violencia digital
- Difusión no consentida de imágenes íntimas.
- Acoso en redes sociales y mensajería instantánea.
- Suplantación de identidad y robo de datos.
- Amenazas y hostigamiento a través de plataformas digitales.
- Exposición no autorizada de información personal (doxing).
Herramientas y campañas digitales
- Plataformas de denuncia en línea como el portal de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).
- Aplicaciones móviles como “Mujer Segura” en algunos estados, que permiten pedir ayuda con un botón de emergencia.
- Campañas en redes sociales impulsadas por instituciones y colectivos feministas que buscan visibilizar los riesgos digitales y fomentar la cultura de denuncia.
Estas herramientas muestran avances, pero aún son limitadas en alcance y requieren mayor difusión y financiamiento para llegar a quienes más lo necesitan.
Retos actuales en la protección de víctimas
- Cobertura desigual: mientras algunos estados cuentan con centros y campañas consolidadas, en otros la atención es escasa o inexistente.
- Falta de perspectiva digital en muchas instituciones: no todos los ministerios públicos ni jueces están capacitados para atender casos de violencia digital.
- Brecha tecnológica: muchas mujeres en comunidades rurales carecen de acceso a internet o dispositivos para denunciar digitalmente.
- Revictimización: aún se presentan casos en los que las víctimas son cuestionadas o no reciben acompañamiento integral al denunciar.
- Coordinación institucional insuficiente: la dispersión de esfuerzos entre dependencias reduce la eficacia de las políticas.
Propuestas de mejora
Fortalecer la infraestructura de atención
Ampliar la red de refugios y centros de justicia, asegurando que cada estado cuente con instalaciones accesibles y personal especializado.
Capacitación obligatoria en violencia digital
Incluir formación en tecnologías, redes sociales y ciberseguridad para policías, ministerios públicos y jueces, garantizando que los casos sean investigados y sancionados adecuadamente.
Impulso a herramientas tecnológicas accesibles
Desarrollar aplicaciones y plataformas de denuncia con lenguaje sencillo, opciones de accesibilidad para personas con discapacidad y disponibilidad en lenguas indígenas.
Campañas digitales sostenidas
Más allá de eslóganes, se necesitan campañas continuas que eduquen a la sociedad sobre violencia digital, privacidad en línea y respeto a la dignidad.
Alfabetización digital con perspectiva de género
Incluir en escuelas y universidades programas de educación digital que enseñen tanto a prevenir riesgos como a usar la tecnología para el empoderamiento.
Evaluación y transparencia
Las políticas públicas deben contar con indicadores claros de éxito y ser evaluadas periódicamente para corregir fallas y garantizar resultados.
El papel del Centro Universitario de las Casas
El Centro Universitario de las Casas tiene la misión de formar profesionales capaces de enfrentar los desafíos jurídicos y sociales de su tiempo. En este sentido, puede desempeñar un papel crucial al:
- Promover investigaciones académicas sobre violencia de género y políticas digitales de protección.
- Formar a futuros abogados y servidores públicos con una perspectiva integral de derechos humanos.
- Impulsar observatorios de violencia digital que documenten casos, tendencias y respuestas institucionales.
- Generar diplomados y talleres para la sociedad civil sobre derechos digitales, denuncia segura y acompañamiento a víctimas.
Conclusión
La lucha contra la violencia de género no puede quedarse en discursos ni en programas aislados. México ha avanzado con leyes y campañas, pero aún enfrenta enormes retos en cobertura, capacitación y acceso a justicia. En la era digital, el desafío se multiplica: proteger a las víctimas exige atender tanto el espacio físico como el virtual.
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